En México, la actual administración ha implementado reformas que obligan a las fiscalías a iniciar carpetas de investigación de forma inmediata, eliminando la antigua espera de 72 horas que obstaculizaba la justicia. Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, criticó recientemente al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por ignorar estos avances institucionales.
El funcionario federal señaló que el organismo internacional omitió analizar medidas clave promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entre estas acciones destacan la Alerta Nacional de Búsqueda y la creación de una base nacional de carpetas de investigación para dimensionar el delito con precisión.
Por lo tanto, el Estado mexicano rechazó el informe presentado, calificándolo de incompleto al no considerar la transformación estructural que vive el país en materia de localización e identificación.
Reformas legales contra la Desaparición Forzada
La nueva estrategia gubernamental exige que las autoridades actúen desde el primer momento en que se reporta una ausencia. Medina Padilla explicó que anteriormente muchos casos nunca se investigaban, lo que perpetuaba la impunidad en torno al fenómeno de la Desaparición Forzada.
Sin embargo, la reforma actual obliga a las fiscalías a establecer áreas de análisis de contexto y atención especializada a las víctimas. Puesto que se ha reforzado la capacitación de los funcionarios, el acompañamiento a los familiares ahora cuenta con mayor sensibilidad y efectividad técnica.
Compromiso con colectivos y prioridad nacional
A pesar del rechazo al informe de la ONU, el subsecretario subrayó que México mantiene una comunicación constante y abierta con los colectivos de búsqueda. El gobierno insiste en que las actualizaciones proporcionadas el pasado marzo demuestran un cambio de paradigma que el comité internacional ignoró indebidamente.
