El proyecto ferroviario del sureste mexicano, que abarca una extensión de 1,500 kilómetros a través de la península de Yucatán, operó bajo un esquema de protección gubernamental que impidió la fiscalización de sus impactos ecológicos. De acuerdo con documentos internos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) obtenidos por el diario EL PAÍS, se prohibió a los inspectores clausurar las obras a pesar de contar con pruebas de delitos ambientales graves. Esta falta de supervisión ocurrió durante los primeros dos años de construcción del Tren Maya, periodo en el cual las autoridades ambientales recibieron instrucciones de ignorar irregularidades administrativas y de campo.
Irregularidades y daños en el ecosistema peninsular
Los informes detallan una serie de “relevantes pendientes” o incumplimientos que afectan la viabilidad ecológica de la región. En los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, que atraviesan zonas críticas como la Reserva de la Biosfera de Calakmul y el sistema de cuevas y cenotes, se documentó la remoción de vegetación y vestigios arqueológicos sin las autorizaciones correspondientes. Asimismo, se detectó la afectación de drenajes naturales y un manejo inadecuado de residuos peligrosos. Según datos oficiales, se talaron al menos 7.2 millones de árboles, aunque organizaciones independientes como CartoCrítica estiman que la deforestación real supera los 60 kilómetros cuadrados de selva.
Por otro lado, la implementación del denominado “decretazo” permitió que las obras avanzaran con Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) provisionales. Estas autorizaciones temporales vencieron en muchos casos antes de que se obtuvieran los permisos definitivos, dejando el proyecto en una situación de irregularidad jurídica. No obstante, la instrucción desde el Ejecutivo Federal fue permitir la continuidad de los trabajos para cumplir con los tiempos de inauguración, limitando la capacidad sancionadora de la Profepa frente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Fonatur.
Responsabilidad administrativa y restauración integral
La actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha reconocido la necesidad de una restauración integral tras los daños ocasionados por el Tren Maya. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, señaló que el proyecto ya es una realidad operativa, por lo que el enfoque ahora debe centrarse en mitigar los efectos negativos acumulados. Sin duda, la fragmentación del territorio y la alteración de los flujos hidrológicos representan los desafíos más urgentes para la sostenibilidad del sureste.
Finalmente, expertos legales advierten que las omisiones en la vigilancia ambiental podrían derivar en responsabilidades penales para los funcionarios involucrados. Debido a que se ignoraron más de 230 denuncias populares, existe un riesgo jurídico por encubrimiento o negligencia administrativa. En conclusión, mientras el Tren Maya busca consolidarse como un motor económico, el costo ecológico y la falta de transparencia en su construcción siguen siendo objeto de intenso escrutinio público y judicial.
