El tercer descarrilamiento del Tren Maya, ocurrido el 19 de agosto de 2025 en Izamal, Yucatán, ha encendido el debate y la exigencia de rendición de cuentas a nivel nacional. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia penal contra Javier May Rodríguez, actual gobernador de Tabasco y exdirector de FONATUR, señalando su presunta responsabilidad en el accidente y en la gestión general del proyecto.
Acusaciones de Corrupción y Negligencia
Según los legisladores del PAN, el Tren Maya se ha visto marcado por graves irregularidades y presuntos actos de corrupción desde su fase inicial. Entre las denuncias destacan adjudicaciones de contratos a empresas con vínculos familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como deficiencias técnicas y elevados sobrecostos que ponen en duda la transparencia del megaproyecto.
Exigen Suspensión y Auditoría Independiente
Ante la gravedad de los incidentes, el PAN exige la suspensión inmediata de las operaciones del Tren Maya hasta garantizar la seguridad de los pasajeros. Además, proponen la creación de una Comisión Independiente, con participación de expertos, sociedad civil y organismos internacionales, para auditar a fondo los contratos, costos y ejecución del proyecto.
Fallas Recurrentes y Sobrecostos
Desde su inauguración en diciembre de 2023, el Tren Maya ha registrado más de 45 fallas técnicas, incluyendo tres descarrilamientos graves en Tixkokob, Bacalar e Izamal. Los sobrecostos han disparado el presupuesto total del tren a 515 mil millones de pesos, un 280% más que la estimación original de 2018.
Reacciones Políticas y Futuro del Proyecto
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) definió el Tren Maya como un ‘fiasco continuo’ y subrayó la urgencia de una revisión exhaustiva. Por su parte, el PRI también ha solicitado la comparecencia del director del Tren Maya para esclarecer el rumbo y la viabilidad del megaproyecto.
Conclusión
El reciente descarrilamiento ha aumentado la presión política y ciudadana sobre el Tren Maya, impulsando demandas de transparencia, auditoría y rendición de cuentas. El caso podría marcar un precedente en la fiscalización de obras públicas y en el fortalecimiento de mecanismos de control en México.
