Un informe civil independiente, elaborado por 11 organizaciones ambientales y de derechos humanos, reveló una trama de abusos y devastación ambiental en la construcción del Tren Maya. La obra, con un costo actual superior a los 600 mil millones de pesos (más del doble del presupuesto inicial), enfrenta serias acusaciones por la militarización del territorio y la devastación de 1,800 hectáreas de selva en el tramo 5.
A un año de su inauguración parcial, el proyecto insignia del gobierno federal enfrenta serias acusaciones. El informe, resultado de un año de trabajo de campo en los tramos 5, 6 y 7, destapó opacidad y daños ecológicos irreversibles detrás del Tren Maya. Organizaciones como Greenpeace México y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible participaron en la elaboración del documento.
El costo del Tren Maya ha escalado drásticamente. Actualmente supera los 600 mil millones de pesos, más del doble del presupuesto inicial. Este gasto se suma a un impacto ambiental sin precedentes en la región.
Ecocidio y Opacidad en el Tren Maya
Los hallazgos ambientales son alarmantes. En el tramo 5, que conecta Cancún con Tulum, se detectaron más de 1,800 hectáreas de selva devastadas. Esta destrucción se ejecutó sin las Manifestaciones de Impacto Ambiental completas. Además, el informe documentó la fractura de más de 100 sistemas de cuevas y cenotes. Estos son patrimonio natural esencial del acuífero peninsular.
Imágenes satelitales confirman la presencia de estructuras de concreto. Estas estructuras fueron colocadas sobre cavernas subterráneas inestables. Ingenieros ambientales advierten sobre el riesgo de colapso en zonas de suelo kárstico. De igual manera, el informe revela que las medidas de mitigación anunciadas por Fonatur y Sedena son inexistentes o simbólicas. “No hay compensación ambiental posible ante la magnitud del daño”, concluye el documento. El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza ratificó previamente el carácter ecocida del megaproyecto.
Militarización y Corrupción Institucional
La investigación apunta a un esquema de opacidad. El Ejército Mexicano, convertido en brazo constructor y operador, ha sustituido a empresas civiles. El documento sostiene que se ha instaurado una “presencia armada permanente” en comunidades. Esto derivó en un ambiente de intimidación y hostigamiento contra pobladores y ejidatarios.
Más allá de esto, la investigación señala negocios paralelos. Empresas privadas sin experiencia obtuvieron contratos millonarios. Incluso, la Auditoría Superior de la Federación ya advirtió irregularidades. Señaló la falta de comprobación en más de 15 mil millones de pesos destinados al Tren Maya. La opacidad se debe al carácter militarizado del proyecto. El Ejército no está obligado a transparentar contratos ni licitaciones por razones de seguridad nacional.
