La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha presentado una iniciativa ante el Senado para reformar la Ley de Amparo en México. El objetivo principal de esta propuesta es agilizar los juicios y restringir el uso abusivo de la suspensión de amparos, una herramienta que actualmente puede ser usada para frenar o impugnar normas de manera generalizada.
Principales cambios a la Ley de Amparo
La reforma introduce una definición clara de ‘interés legítimo’ en el artículo 5 de la Ley de Amparo, facilitando la defensa de intereses colectivos y limitando la posibilidad de impugnar normas de carácter general de manera indiscriminada. Además, propone que al analizar la suspensión del acto reclamado, los jueces deben considerar el interés social y el orden público.
Nuevas causas para negar la suspensión
Según la iniciativa, el artículo 129 establecería nuevos criterios para negar una suspensión, como aquellas relacionadas con actividades que requieren permisos inexistentes o amparos provisionales contra el bloqueo de cuentas bancarias, buscando así evitar la liberación de fondos ilícitos. Entre diciembre de 2018 y agosto de 2025 se han presentado más de 3,600 demandas de amparo por bloqueo de cuentas, y se desbloquearon cerca de 27 mil millones de pesos por este medio.
La reforma plantea además que la suspensión no deba proceder si limita la capacidad del Estado para ejercer sus atribuciones, aunque permite excepciones en casos de pago de salarios o protección de créditos fiscales e hipotecarios.
Medidas para acelerar los juicios
Para combatir la lentitud en los procedimientos, la propuesta de Sheinbaum fija plazos claros, como cinco días para notificar la admisión de un recurso y un máximo de 60 días para dictar sentencias. También se busca desincentivar prácticas dilatorias, rechazar recusaciones infundadas y garantizar la integridad de los expedientes antes de las audiencias.
Transformación digital del sistema judicial
La iniciativa prioriza la promoción y notificación electrónica de los procedimientos. Se establece que las autoridades deberán operar por medios digitales, con un plazo de hasta 360 días para implementar estos mecanismos, favoreciendo así la eficiencia y transparencia.
Otras propuestas relevantes incluyen limitar la ampliación de demandas de amparo para evitar retrasos innecesarios y establecer que las multas por incumplimiento sean dirigidas al organismo y no al funcionario. Además, se declara la improcedencia del recurso de revocación y el Juicio Contencioso Administrativo contra deudas fiscales firmes, fortaleciendo la eficiencia en la recaudación y evitando la prolongación indefinida de litigios.
Esta reforma integral busca equilibrar la protección de derechos con la eficiencia judicial y el interés público.
