El Senado de la República ha aprobado por unanimidad una reforma constitucional clave que busca combatir la extorsión y el cobro de piso en todo México. Esta iniciativa, que ya ha sido ratificada por los congresos de Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Nayarit, permitirá al Congreso de la Unión legislar integralmente contra este delito que afecta gravemente a ciudadanos y empresarios. Actualmente, solo resta la aprobación de 12 congresos locales para que la reforma sea declarada constitucional. De acuerdo con datos oficiales, los casos de extorsión han aumentado un 57% en los últimos seis años, alcanzando un costo de más de 124 mil millones de pesos en 2023, lo que representa el 0.51% del PIB nacional.
La extorsión: un grave problema creciente en México
La senadora Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, explicó que la reforma tiene como objetivo principal proteger a los ciudadanos de amenazas, cobros de piso y las llamadas de secuestro virtual, prácticas cada vez más usuales por parte de organizaciones criminales para financiarse. Según el Monitor de Seguridad de Coparmex, solo en el primer semestre del año se documentaron 5,887 víctimas de extorsión.
Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura destacó la gravedad del cobro de piso, que ocurre frecuentemente a plena luz del día y afecta especialmente a familias trabajadoras y pequeños empresarios. Subrayó que la extorsión se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Objetivos y alcances de la reforma constitucional
Con esta reforma, se busca unificar los criterios legales en todo el país, estableciendo penalidades y agravantes uniformes para la extorsión. Además, se fortalecerán los mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, y se permitirá que el delito de extorsión sea perseguido de oficio. Esto significa que las autoridades podrán investigar estos casos sin que la víctima deba presentar una denuncia formal, lo que brinda mayor certeza jurídica y combate la impunidad.
Esta reforma representa un paso fundamental hacia una estrategia nacional efectiva y coordinada para erradicar la extorsión y proteger a la sociedad mexicana.
