La empresa estatal mexicana Pemex, a través de su filial Gasolinas Bienestar, ha catalogado como ‘asunto privado’ la información relacionada con los pagos de Cuba por la compra de combustibles mexicanos. Gasolinas Bienestar, fundada en julio de 2023, gestiona la exportación diaria de entre 19 mil y 23 mil barriles de crudo hacia la isla, con un valor estimado de 1,300 millones de dólares.
Pemex sostiene que, al ser Gasolinas Bienestar una sociedad mercantil bajo el derecho privado, no está sujeta a las obligaciones de transparencia exigidas por la Constitución mexicana. Sin embargo, expertos como Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, afirman que la empresa debe rendir cuentas por operar con recursos públicos. Según el artículo 6 constitucional, todos los sujetos que reciben o ejercen fondos públicos están obligados a documentar y publicar información referente al uso y destino de dichos recursos.
El envío de crudo a Cuba representa el 3.3% de las exportaciones de Pemex, en un contexto donde las ventas a Estados Unidos han disminuido un 40% en los últimos dos años. Esta situación preocupa a especialistas, que advierten sobre posibles riesgos en la seguridad energética nacional si continúan los convenios internacionales poco transparentes.
La estrategia de Pemex parece también estar motivada por evitar sanciones de Estados Unidos y responder a una necesidad interna de abastecimiento en el Sistema Nacional de Refinación. No obstante, esto ha traído como consecuencia una reducción en los ingresos en dólares y una menor contribución fiscal.
En opinión de Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa, la falta de transparencia responde a motivos políticos y no a una estrategia de rentabilidad empresarial para Pemex, que actualmente enfrenta complejos desafíos financieros. Otras filiales bajo el mismo esquema de derecho privado, como la creada para la refinería Dos Bocas —cuyo costo ya se acerca a los 21 mil millones de dólares, muy por encima de los 8 mil millones iniciales—, aumentan los cuestionamientos sobre la rendición de cuentas y la posible privatización encubierta de áreas estratégicas del sector energético mexicano.
En resumen, el uso de filiales y la opacidad en la gestión de recursos públicos por parte de Pemex generan dudas sobre la transparencia y la sostenibilidad de sus acciones, preocupando tanto a organismos de vigilancia como a la sociedad mexicana.
