El gobierno de México ha propuesto incrementar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas dentro del Paquete Económico 2026. Aunque este aumento pretende mejorar la salud pública y aumentar la recaudación, existen fuertes cuestionamientos sobre su efectividad y posibles consecuencias.
1. Perjuicio a hogares de bajos ingresos
El impuesto a los refrescos es considerado regresivo, ya que impacta en mayor medida a las familias con menores ingresos. Los hogares más vulnerables destinan una mayor parte de su presupuesto a bebidas saborizadas, por lo que el aumento del IEPS golpea directamente a quienes menos tienen.
2. Efectividad limitada sin estrategias integrales
Expertos señalan que sin acompañar el impuesto con campañas de educación alimentaria y acceso garantizado a agua potable, su efecto sobre la salud pública será limitado. Muchos consumidores podrían optar por otros productos ultraprocesados igual de dañinos.
3. Recaudación insuficiente para mejorar la salud
A pesar de que desde 2014 la recaudación del IEPS a las bebidas azucaradas ha crecido más del 40% en términos reales, México continúa con altos índices de obesidad y diabetes. Estos datos sugieren que el impuesto no ha conseguido los resultados deseados en materia de salud.
4. Riesgo de pérdida de empleos
La industria refresquera ha alertado que un incremento en el impuesto podría reducir ventas, afectando a miles de pequeños comercios, tiendas locales y empleos vinculados directamente con la cadena de producción y distribución de estas bebidas.
5. Dudas sobre el destino de los recursos
No existe transparencia sobre el uso de lo recaudado por el aumento al IEPS. No se garantiza que estos fondos se destinen realmente a programas de prevención de obesidad o tratamientos relacionados con enfermedades derivadas del consumo de azúcar. En cambio, es posible que se utilicen para cubrir otros gastos del gobierno.
En conclusión, la propuesta de aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas en México ha generado un intenso debate público. Los datos actuales muestran que esta medida no es suficiente para mejorar la salud de la población y afecta, en mayor medida, a las familias con menos recursos. Sin una política integral y un uso claro de los recursos recaudados, el impuesto genera incertidumbre tanto en los consumidores como en las empresas mexicanas.
