La mini-refinería clandestina en Veracruz: omisión del gobierno de AMLO y vínculos con altos funcionarios

Desde inicios de 2020, autoridades federales estaban al tanto de la operación de una mini-refinería clandestina en el sur de Veracruz, alimentada por combustible robado a Pemex y operada por el grupo criminal ‘La Barredora’. Dicha organización tenía presuntos vínculos con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López.

Informes de inteligencia desatendidos

El Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Sureste reportó a instancias nacionales movimientos sospechosos de traficantes y trasiego de hidrocarburos robados. Los informes detallaban la localización de tomas clandestinas y la ruta de transporte hasta la planta ubicada en Moloacán, cerca de Agua Dulce, Veracruz.

Implicaciones de funcionarios y empresarios

El supuesto dueño de la mini-refinería, conocido como ‘Texano’, habría invertido entre 4 y 5 millones de dólares en el proyecto. Paralelamente, se señala que Bermúdez Requena, ligado a la seguridad estatal, mantenía relaciones estrechas con ‘La Barredora’, lo que agrava las sospechas acerca del involucramiento de figuras políticas en actividades ilícitas.

Postura del gobierno y tardanza en la acción

En medio de estas revelaciones, en octubre de 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador defendió públicamente a Adán Augusto López y negó cualquier posible vínculo del exgobernador con el crimen organizado, asegurando su honestidad.

A pesar de las múltiples alertas, no fue sino hasta junio de 2025 cuando las autoridades federales realizaron el cateo de la mini-refinería y aseguraron más de 500 mil litros de crudo, evidenciando una alarmante inacción ante la delincuencia organizada.

Conclusión

El caso de la mini-refinería en Veracruz ilustra los desafíos de la transparencia y la efectividad del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado, así como la peligrosa cercanía entre funcionarios de alto nivel y organizaciones criminales. Este episodio obliga a cuestionar los mecanismos de vigilancia y respuesta del Estado en situaciones de alto riesgo para la seguridad nacional.

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