En días recientes, ha surgido una controversia mediática sobre la presunta obtención de un amparo por parte de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el contexto de una investigación relacionada con el huachicol fiscal. Según informes, la jueza María Citlallic Vizcaya Zamudio, con sede en Zacatecas, habría otorgado una suspensión de oficio a ellos y a otras 14 personas, frenando cualquier posible orden de aprehensión en su contra.
La medida cautelar, concedida el 16 de septiembre, no solo protege contra detenciones, sino también ante actos de incomunicación, privación de la vida o desaparición forzada. Los beneficiarios del recurso tienen 72 horas para ratificar su demanda y cubrir un pago individual de 10 mil pesos, como solicitó la jueza.
Entre los solicitantes del amparo destacan figuras relevantes como Fernando Farías Laguna (sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda), Diana Heleyn Foullon Gómez, alias "Lady D", y Roberto Blanco Cantú, conocido como "el Señor de los Buques". También figuran exservidores públicos de aduanas, como Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald. Aunque la solicitud de amparo se presentó en Zacatecas, la investigación por huachicol fiscal se inició en Tamaulipas, abarcando puertos clave como Tampico y Altamira, lo que ha generado una amplia cobertura nacional.
En respuesta, Andrés Manuel "Andy" López Beltrán rechazó públicamente cualquier vinculación con la solicitud del amparo, señalando que ni él ni su hermano participaron en este proceso. A través de un comunicado, denunció una "operación malintencionada" y pidió a la Judicatura Federal investigar el caso, sugiriendo un posible montaje promovido por sectores opositores.
Este caso pone nuevamente bajo escrutinio el uso de amparos en México, así como la politización de investigaciones judiciales de alto perfil, despertando preguntas sobre la legitimidad de los procesos y la transparencia en las instancias judiciales.
