Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, fue vinculado a proceso por un juez federal bajo la acusación de enriquecimiento ilícito por más de 156 millones de pesos. Según la Fiscalía General de la República (FGR), la audiencia, celebrada el 11 de septiembre, se extendió casi 48 horas y concluyó con la decisión de que existían suficientes pruebas para que el caso continuará. Esta nueva audiencia fue realizada en cumplimiento de un amparo concedido previamente a Sandoval, el cual exigía reforzar las razones para resolver su situación legal.
Actualmente, Sandoval permanece en prisión preventiva en el penal federal de El Rincón, en Tepic. El delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el Código Penal Federal de México, ocurre cuando un servidor público no puede justificar el aumento de su riqueza o bienes, propios o de familiares directos, durante su servicio. Las sanciones pueden incluir penas de hasta 14 años de cárcel y multas significativas.
La trayectoria legal de Sandoval no es reciente. En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó tras ser señalado por mantener lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y recibir sobornos a cambio de favores políticos. Esta acción llevó al congelamiento de sus cuentas y su clasificación como funcionario corrupto. Además, otros funcionarios, como el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, también fueron acusados de recibir dinero del crimen organizado para influir en procesos judiciales.
El caso de Sandoval subraya los esfuerzos por combatir la corrupción y la impunidad en México, abordando la relación entre funcionarios y el crimen organizado, y estableciendo precedentes significativos en el sistema de justicia mexicano.
