La Cámara de Diputados de México ha aprobado una reforma constitucional al artículo 73, otorgando al Congreso la facultad de crear una Ley General contra la Extorsión. Esta histórica decisión, respaldada de manera unánime con 474 votos, busca combatir uno de los delitos que más ha crecido en el país, además de establecer sanciones unificadas y asegurar que los casos sean investigados de oficio, sin exigir denuncia previa de la víctima.
¿Por qué una Ley General contra la Extorsión?
La extorsión representa hoy una de las mayores amenazas a la seguridad y economía mexicanas. Según el diputado Leonel Godoy, en 2018 se registraron 19 casos diarios; para enero de 2024, la cifra subió a 29, reflejando un incremento del 58 % en solo seis años. Las principales modalidades son el cobro de piso presencial y las extorsiones telefónicas, muchas coordinadas desde centros penitenciarios. Este delito deteriora la economía y la salud mental de la población, por lo que combatirlo a nivel nacional es prioritario.
Impacto económico y social de la extorsión
La diputada Marycarmen Bernal (PT) calificó la extorsión como un "impuesto criminal" que golpea tanto a empresas como a ciudadanos. En el primer semestre de 2024 se contabilizaron 6,880 víctimas, el registro más alto en seis años. Se estima que la extorsión genera pérdidas de más de 26 mil millones de pesos anuales, lo que equivale a 71 millones de pesos diarios desviados a manos de grupos delictivos.
Cifras clave: tendencia y métodos de extorsión en México
- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, para 2024 se cometieron aproximadamente 4.9 millones de extorsiones, con una tasa de 5,213 casos por cada 100 mil habitantes.
- El 85.6 % de los casos se realizaron vía telefónica.
- En el 12.9 % de los casos, la víctima fue forzada a pagar.
Retos y próximos pasos: Presupuesto y aplicación real
Aunque la reforma fue respaldada por todas las fuerzas políticas, diversos legisladores enfatizaron la necesidad de asignar recursos suficientes para que la Ley General contra la Extorsión sea efectiva. El diputado César Alejandro Domínguez (PRI) advirtió que la ley no debe convertirse en un mero gesto simbólico, sino que debe ser operativa y clara. Por otro lado, Anya Gómez (PAN) advirtió sobre el posible recorte presupuestal en 2026, el cual podría minar la implementación de la ley. Héctor Saúl Téllez (PAN) destacó que, en promedio, existen 9,407 carpetas de investigación por año, un alza del 75 % respecto al sexenio pasado.
La aprobación de esta ley es un avance vital para unificar la respuesta frente a la extorsión y proteger a las víctimas, pero su éxito dependerá de la asignación de recursos y la coordinación entre federación y estados.
