Los recientes ascensos otorgados a los vicealmirantes y contralmirantes conocidos como los hermanos Farías Laguna en la Marina Armada de México han generado polémica y preocupación por presuntos actos de corrupción. Documentos oficiales revelan que estos ascensos, impulsados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2022 y 2023, se concretaron a pesar de fuertes señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR acusa a los Farías Laguna de encabezar una sofisticada red de "huachicol fiscal" en los puertos de Altamira y Tampico, Tamaulipas. Según la investigación, los vicealmirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna habrían coordinado marinos y agentes de Aduanas para permitir el ingreso y descarga de hidrocarburos declarados falsamente como aditivos, evadiendo así controles y generando jugosas ganancias ilícitas. Un testigo colaborador describió el funcionamiento interno de este esquema.
A pesar de que el fiscal Alejandro Gertz Manero instó a investigar posibles irregularidades en la Marina, ambos hermanos continuaron escalando posiciones. Pruebas divulgadas por el dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, exhiben minutas y oficios con las firmas de los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López y Luisa Alcalde Luján, que respaldan estos ascensos ante el Senado en 2022 y 2023, respectivamente.
Los testimonios de la FGR detallan que los hermanos habrían influido en nombramientos y promociones para colocar a personas de confianza en puestos estratégicos dentro de la Marina y las aduanas, garantizando así la protección de su red. En el puerto de Tampico, supuestamente designaron a marinos leales para supervisar descargas ilícitas. Un punto clave de la investigación es la denuncia manuscrita del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre de 2024, en la que detallaba estos manejos ilegales.
Reportes adicionales de medios nacionales señalan un sistema estructurado de sobornos, donde personal de diferentes rangos recibía pagos de hasta 1.7 millones de pesos por buque involucrado. Las entregas de estos pagos, coordinadas según la evidencia por el capitán retirado Miguel Ángel Solano, alias “Capitán Sol”, se realizaban de tres a siete días después de cada descarga. Entre abril de 2024 y enero de 2025, al menos 14 buques participaron en este operativo clandestino en Tampico.
El caso Farías Laguna pone en tela de juicio los mecanismos internos de control y transparencia en la Marina Armada de México, subrayando la urgente necesidad de reforzar la vigilancia institucional y prevenir la infiltración de redes criminales en la estructura militar y aduanera del país.
