Adán Augusto López Hernández, actual senador de Morena y exsecretario de Gobernación, enfrenta señalamientos por haber recibido 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 de empresas privadas, sin reportar estos ingresos en sus declaraciones patrimoniales. Documentos fiscales obtenidos revelan una red de transferencias millonarias provenientes de contratistas del estado de Tabasco y de una empresa calificada como ‘fantasma’ por el SAT.
Diferencias entre declaraciones fiscales y patrimoniales
Durante el periodo en investigación, Adán Augusto dejó el cargo en la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura presidencial y posteriormente asumió su curul en el Senado. Mientras que ante el SAT reportó ingresos muy superiores, sólo declaró una pequeña fracción ante la Contraloría del Senado y la Secretaría de la Función Pública. Por ejemplo, en 2023 registró únicamente 7 millones de pesos en su declaración patrimonial, frente a los 22 millones que admitió ante el SAT. El contraste se agudiza en 2024: el SAT recibió información por 58.1 millones de pesos, pero en el Senado solo se reconocieron 625 mil 793 pesos.
Empresas involucradas: Contratistas y una empresa fantasma
Entre noviembre y diciembre de 2023, López Hernández recibió 20.5 millones de pesos de las compañías GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte. GH Servicios Empresariales, que pagó 8.9 millones de pesos, es considerada por el SAT como una empresa fantasma y utilizaba el mismo correo corporativo que Adán Augusto y su hermano Melchor. El SAT suspendió su sello digital tras detectar irregularidades fiscales. Por su parte, Operadora Turística Rabatte, que transfirió 11.5 millones, fue contratista durante la administración de López Hernández en Tabasco. En 2024, la empresa Capital Cargo del Golfo transfirió otros 18.8 millones de pesos, recibiendo también contratos por adjudicación directa en su gestión local.
Implicaciones legales y consecuencias
La omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales puede acarrear desde la suspensión o destitución del cargo, hasta la inhabilitación para ejercer funciones públicas según la ley vigente. El caso pone en entredicho la transparencia patrimonial de los servidores públicos y genera cuestionamientos sobre el origen y destino de los flujos millonarios detectados.
